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César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima, habló con los miembros de la OEA.
César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima, habló con los miembros de la OEA.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) fue una de las instituciones de la sociedad civil que también tuvo una audiencia con la delegación de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tiene como misión recabar la suficiente información para entender la complejidad de la crisis política que se vive en el Perú.

César Bazán, decano de la CAL, reveló que le señaló a los miembros de la misión que las investigaciones y la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente de la República, Pedro Castillo, son correctas y no forman parte de ningún intento de romper la institucionalidad democrática del país.

“Señalamos que la investigación realizada por la fiscal de la Nación es una investigación correcta, autorizada por el juez y que la Corte Suprema ha confirmado que todo se ha hecho debidamente. Entonces, ahora está en manos del Congreso”, manifestó a la prensa a su salida de la cita con los diplomáticos.

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Además, Bazán añadió que “el respaldo que le hemos brindado está dentro de la ley porque la Constitución señala las facultades que tiene la fiscal de la Nación para hacer este tipo de investigaciones y supongo que ellos (misión de la OEA) lo entienden perfectamente porque ya ha sido resulto el tema por la Corte Suprema”.

Fiscal de la Nación y presidente de la República.

De otro lado, el decano del CAL agregó que le hizo saber a la OEA que todos los colegios de abogados del Perú actúen como mediadores entre el Ejecutivo y el Parlamento para que puedan tener una mejor relación a favor del país.

“Ofrecemos la voluntad de todos los colegios de abogados del Perú para poder ser factores de conexión, es decir nosotros sentarnos a la mesa y poder ser interlocutores, tanto del Poder Ejecutivo como con el Poder Legislativo, que parece que no encuentran un mediador lo suficientemente bueno para que las buenas intenciones de ambos lados puedan salir”, subrayó.

Desbarata argumentos

Lo señalado por el decano del Colegio de Abogados de Lima también fue ratificado ayer por la fiscal Patricia Benavides. En un comunicado oficial, el Ministerio Público informó que se cumplió con señalar a la OEA que la denuncia constitucional contra el presidente Castillo es producto de una investigación preliminar autorizada por el Poder Judicial, “realizada respetando el debido proceso y el mandato constitucional de lucha contra la corrupción”.

Por otro lado, la fiscal de la Nación también comunicó a los altos funcionarios que el Jefe de Estado posee 51 carpetas fiscales en curso dentro del MP; según reportó Diario El Comercio.

Patricia Benavides, fiscal de la Nación, se reune con la delegación de la OEA en San Isidro
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Este conjunto comprende actualmente 47 carpetas pendientes, tres en trámite y una denuncia constitucional (ya presentada) que alberga, a su vez, tres investigaciones.

En el encuentro, donde también participaron el fiscal adjunto supremo, Marco Huamán y las fiscales superiores Karina Quineche y Marita Barreto, se añadió que otras siete carpetas fueron archivadas, según el citado medio.

Carpetas que integran la denuncia constitucional

En otro momento de la cita con la comisión de alto nivel de la OEABenavides Vargas detalló a los distintos ministros y viceministros de Relaciones Exteriores que la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo comprende tres carpetas fiscales.

Estos expedientes son denominados Puente Tarata – Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); Municipio de Anguía – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y Petro-Perú.

Ante esto, la alta funcionaria reafirmó que Castillo lidera, según la tesis fiscal, una organización criminal encargada de direccionar y controlar las contrataciones públicas. Además, aseguró que la presentación de una denuncia constitucional era lo que correspondía, “a nivel procesal y constitucional”, tras evaluarse los distintos elementos en su despacho y siguiendo lo establecido en la Constitución.

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